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12/07/00 - 824

Justicia fiscal


En las dos últimas semanas los medios de comunicación están dando cuenta a diario de noticias indicativas de una mejoría de la economía.

 

Ayer se confirmó oficialmente que el Tesoro nacional muestra en junio un superávit de 726 millones de dólares que permite ver con mejores perspectivas el cumplimiento de las metas pactadas con el Fondo Monetario Internacional.

 

Con anterioridad se había informado del aumento en mayo de un 13 por ciento en las exportaciones. También, que la recaudación fiscal de junio superó las expectativas oficiales y que el producto bruto interno del segundo trimestre sumó un nuevo avance al que, aunque pequeño, ya había registrado en el primer trimestre, después de cinco períodos consecutivos de retroceso.

 

Se anuncian nuevas e importantes inversiones extranjeras, en tanto la producción automotriz creció aproximadamente un 40 por ciento y la cartera de créditos hipotecarios registra un leve repunte.

 

Con estas novedades, ciertamente positivas, se conoció también que el sector agroindustrial transfiere anualmente cerca de 5000 millones de dólares al Estado y a otros sectores protegidos de la economía, tal como lo acaba de demostrar un trabajo realizado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación.

 

Esta sangría permanente que se le realiza al campo y que viene de más de seis décadas es la que agudiza la actual crisis del sector agropecuario, enfrentándolo a un creciente endeudamiento y al quebranto de miles de productores.

 

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, en vista de la mejoría de la situación de la arcas fiscales, solicita al Gobierno nacional la urgente eliminación del impuesto a los intereses pagados, lo cual sería acorde a la voluntad de la Administración nacional de reducir impuestos y a la necesidad imperiosa de los productores de recuperar rentabilidad y competitividad, dado que dicho impuesto grava uno de los insumos básicos de los sectores productivos.

 

CARBAP insta al Gobierno nacional a dar una urgente respuesta a los sectores productivos que, comprometidos con el destino de la Nación, devolverán con empleo y divisas el esfuerzo fiscal de la Administración.

 

Buenos Aires, Julio 12 de 2000.


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