CARBAP denuncia las excesivas pretensiones de Monsanto Argentina

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) advierte una vez más que las expresiones de funcionarios de la empresa Monsanto propician la confusión sobre un tema que está claramente determinado por la ley.

Lo expresado por Monsanto Argentina acerca de que tan sólo se comercializa el 20% de semilla fiscalizada del total de semilla utilizada en una campaña, genera análisis equívocos obligándonos a aclarar que el uso legal de semilla esta constituido, de acuerdo con la ley de semillas 20.247, por la semilla fiscalizada y la que los productores utilizan obtenida de multiplicaciones de semillas adquiridas en años anteriores, lo cual se conoce habitualmente como uso propio.

Tampoco se aclara que Monsanto tiene convenios con las empresas semilleras por medio de los cuales tiene reconocido el pago de las regalías por el aporte que sus eventos hacen a la semilla que se comercializa en la Argentina. Por ello, no debe pagarse nuevamente por esos eventos como reiteradamente la empresa reclama.

CARBAP rechaza todo pago de regalías relacionado con la cosecha. La semilla es un insumo más para la generación de la producción y como tal se debe comercializar antes de su utilización. Está claro que cuanto más invierte un productor en tecnología, fertilizantes, funguicidas, etc., está gastando más  para  generar una mayor producción. Si el pago estuviera asociado al resultado como pretende la multinacional Monsanto, más cara le saldría la semilla al productor.

Monsanto Argentina genera un conflicto internacional por su pretensión, aduciendo la aplicación de la ley de patente en los países donde tiene registrado el gen RR (USA-Comunidad Europea), principal destino de nuestras exportaciones de harina y poroto de soja, intentando obtener de esta manera una ganancia injustificable y estableciendo una barrera al libre comercio.

Es por eso que CARBAP nuevamente denuncia las intenciones sin juridicidad alguna de Monsanto Argentina, que de concretarse perjudicaría al productor que compra semilla fiscalizada y que reserva semilla para uso propio según la ley vigente, y que adhiere a normas internacionales como la UPOV 78.

La SAGPyA, eludiendo las responsabilidades que le competen, ha dilatado más de la cuenta su accionar hasta tener que viajar a Bruselas, previa solicitud de aportes a empresas y organizaciones para afrontar los gastos que demande la querella iniciada por la multinacional Monsanto. La falta de capacidad oficial para la resolución en tiempo y forma de dicha situación acarrea costos adicionales a los sectores productivos que no habían sido previamente contemplados.

CARBAP, una vez más pide, justicia económica para el productor rural.

6 de Octubre de 2005