IVA: diferenciación expropiatoria

Frente al perfil eminentemente recaudador de la reforma fiscal que impulsa el Gobierno nacional, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), rechaza la consolidación legal del proyecto en la medida en que se pongan a cargo del patrimonio del productor los desaciertos presupuestarios.

CARBAP rechaza la asignación de tarifas fiscales diferenciales que se pretende instalar en la legislación. El proyecto olvida que no puede escindirse el trato a la empresa rural del que se dispensa a otras actividades en el caso del IVA, en el que el productor discriminado no podrá recuperar sus créditos fiscales generados por el pago del 21 % del precio de los insumos y servicios contratados con los demás factores económicos que lo circundan. Cada transacción será, en adelante, un acto expropiatorio de la propiedad del productor, que por acumulación lo condenará al subdesarrollo al encarecer los costos y desalentar la inversión. Cabe destacar que en el presente el IVA rural no es necesariamente neutral y en muchos casos va a la cuenta de costos.

El proyectado impuesto sobre la renta presunta afectará particularmente a los productores de mediana y menor escala, y por la facilidad de su percepción puede convertirse en el punto de partida de una más vigorosa imposición.

Aún marginando estas previsiones, muchos productores quedarán sujetos desde ya a una mayor imposición sobre el capital de trabajo, afectado también por la voracidad fiscal de las provincias y los municipios.

CARBAP estima que las autoridades no tienen idea real de la baja rentabilidad del genuino productor y por ello confunden escasez de recursos con evasión. De otra manera no se explica la discriminación fiscal que se pretende, separando el trato al productor del más consecuente que se aplica al resto de los sectores de la economía.

Existe una delincuencia mafiosa que asola nuestra campaña con mano libre en todo tipo de delitos que perjudican a quienes trabajan y duermen en sitios solitarios, pero no es admisible que sea la propia autoridad, que debe al campo asistencia y amparo, la que, solapadamente y bajo la forma de discriminaciones legales, agravie al productor.

Esta Confederación espera que los legisladores nacionales asuman la gran responsabilidad que les cabe en el tratamiento de las reformas propuestas y entiendan que si les dan su aprobación estarán asestando un durísimo golpe a los productores y a las comunidades del interior en general.

Buenos Aires, julio 14 de 1998.